No puede descartarse una intervención militar

Mientras muchos nos preguntamos qué está ocurriendo con motivo del caso Bárcenas, altas instancias del Estado, encabezadas por el Rey, están preparándose para un previsible fin de ciclo. 

El actual presidente del gobierno está en una situación insalvable y el escándalo de la financiación del Partido Popular puede arrastrar a todo el gobierno, al partido y al régimen tan trabajosamente urdido durante el tardofranquismo. 

Un Rajoy rehén de sus trampas e incapaz de responder algo mínimamente creíble en una rueda de prensa ni aun pactando bajo mano las preguntas y leyendo sudoroso una chuleta, no tiene nada que envidiar al Adolfo Suárez de los días anteriores al golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

La descomunal crisis económica, fruto en gran medida de la ineptitud y la corrupción de los dos principales partidos españoles; el paro, los desahucios, la precarización laboral, el desmoronamiento del estado del bienestar, la escasez de crédito, la estafa de las preferentes a los pequeños ahorradores, la sensación general de impunidad de que gozan todos y cada uno de los principales actores de la vida política, económica, judicial, etc. unida a la certeza de que tanto el jefe del estado como el presidente del gobierno se hallan bajo chantaje, hacen presagiar un estallido social.

La ausencia sobradamente demostrada de sentido común y de sentido de estado ha desembocado en la actual parálisis. No saben qué hacer, no saben cómo evitar que España acabe deviniendo un estado fallido.

El Madrid oficial y oficioso vive estos días su epifanía de los horrores con filtraciones misteriosas, extraños compañeros de viaje, guerra entre medios de comunicación, cruce de navajas en las directivas de los dos grandes partidos, ruido de sables oxidados y la sensación de que lo de Cuba no será nada comparado con la previsible independencia de Cataluña.

Este puede ser -y al parecer, es-, el único punto de encuentro en la España de las esencias. La incapacidad para entender y, sobre todo, para conducir democráticamente el proceso secesionista de Cataluña puede llevar a cometer el peor error imaginable, una intervención militar que lejos de suponer la solución de ningún problema sólo puede desembocar en la ruina más absoluta, la expulsión de España de la UE y, por supuesto, la independencia de Cataluña.

Y en ello andan. Por el momento es difícil precisar si los movimientos que han venido sucediéndose son preventivos u ofesivos, ni qué gobierno podría acometer ese despropósito : el actual -desacreditado y agónico- o un nuevo ejecutivo presidido por Ruíz Gallardón, aupado a la categoría de heraldo de la honradez desde las páginas de El Mundo y los sectores más reaccionarios del PP. Por supuesto, una intervención en Cataluña contaría con la colaboración entusiasta de UPyD y de Ciudadanos.

Hasta el momento ha habido señales que van más allá de lo meramente indiciario, como por ejemplo :

- la redefinición por parte de la Real Academia Española de la Lengua de los términos relativos a independencia, referéndum, consulta popular, soberanía, nacionalismo, autodeterminación o estado de sitio, así como la desaparición de 'soberanía nacional'. Cabe destacar que las definiciones de la RAE son la referencia normativa en los tribunales españoles.

- Cercenamiento de la lengua catalana mediante leyes acientíficas y políticamente hostiles, vulnerando además el artículo 3 de la Constitución que consagra que las distintas modalidades lingüísticas de España serán objeto de especial respeto y protección.

- Acoso a la lengua catalana y a la convivencia en las escuelas a través de campañas de prensa, grupos de presión subvencionados, leyes y sentencias que priman el derecho de un sólo niño castellanohablante sobre una clase de cuarenta alumnos.

- Aumento exponencial de la dotación económica del CNI y de su personal destinado en Cataluña.

- Irrupción de los servicios de inteligencia en una campaña electoral a través de la filtración a la prensa madrileña de dossieres supuestamente elaborados por funcionarios de policía en los que se calumniaba a dirigentes del partido gobernante en Cataluña.

- Actuaciones constantes y abiertamente hostiles de la Delegada del estado en Cataluña contra los partidos y autoridades partidarios de emprender un proceso democrático de independencia.  

- Aumento injustificado de actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado en Cataluña y descrédito de los Mossos d'Esquadra.

- Repetidas y ostensibles maniobras militares, incluidas las aéreas y las efectuadas dentro de núcleos urbanos.

- Promulgación de leyes que obstaculizan y penalizan la representación en el exterior de los intereses comerciales de Cataluña.

- Impago de grandes sumas adeudadas a Cataluña y vitales para el gobierno de la Generalitat.

- Amenaza de intervenir - y suspender de facto- la autonomía por razones económicas, tales como el atraso en el pago de la Generalitat a sus acreedores, a pesar de la deuda no satisfecha por el estado con ésta.

- Redacción de un proyecto de ley de "racionalización y sostenibilidad de la Administración local" que desnaturalizará el mapa político, social, histórico y administrativo de Cataluña.

Y, ahora, lo serio

Una vez puestos los cimientos de la operación acoso y derribo se han producido tres hechos que, sumados, no hacen presagiar nada bueno. Sorprende que hasta la fecha nadie haya dado la voz de alarma. Son los siguientes :

1.- El martes 18 de junio el Rey se reune por primera vez en 38 años con el Consejo de Estado y celebra un almuerzo de trabajo para tratar de las próximas reformas pendientes (oficialmente las relativas a administración local y pensiones) y a establecer consensos y pactos entre los dos principales partidos españoles.

2.- El jueves 11 de julio el Rey preside la constitución de un nuevo organismo estatal creado el 31 de mayo tras un acuerdo del gobierno con el PSOE: el Consejo de Seguridad Nacional. 

Funciones del Consejo :

"Entre otras misiones, el Consejo de Seguridad debe verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, que establece doce riesgos o amenazas para España: conflictos armados, terrorismo, cibercrimen, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, flujos migratorios incontrolados, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de infraestructuras críticas y servicios esenciales". 

A dicha reunión también asistieron:

"el Príncipe, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el ministro de Defensa, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el ministro del Interior, la Ministra de Fomento, el ministro de Industria, Energía y Turismo, el ministro de Economía y Competitividad, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad, el secretario de Estado - Director del Centro Nacional de Inteligencia, y el director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y responsable del Departamento de Seguridad Nacional". 

Curiosamente entre los miembros de  este Consejo no se cuenta con ningún miembro del ministerio de Justicia, incluido el ministro, a pesar de lo sensible de las derivaciones legales que suelen acarrear las actuaciones de este tipo de organismos. Tal vez tenga una explicación : el tercer punto...

3.-  Los  tribunales militares podrán juzgar a civiles "en caso de conflicto armado".

Mientras en el mundo civilizado se legisla a favor de que los delitos civiles sean vistos por la jurisdicción ordinaria aunque sean cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, el borrador del nuevo Código Penal Militar va en sentido contrario. Así, "sin que se note el cuidado", se introducen modificaciones alarmantes; a destacar:

• El acoso sexual en las fuerzas armadas -y los abusos y violaciones- serán juzgados en el ámbito castrense. Una modalidad perfeccionada del derecho de pernada. Se trata, además, de un supuesto que implica de facto que   se constituyan tribunales de honor prohibidos expresamente por cualquier Constitución, incluyendo la española.
• La Guardia Civil vuelve a considerarse un cuerpo militar, con todo lo que eso conlleva.
• En el proyecto se modifica el artículo 117.5 de la Constitución, lo que podría acarrear graves consecuencias.

Es muy recomendable leer detenidamente el artículo de El País para entender qué se pretende con este nuevo Código Penal Militar y qué supone suplantar el concepto "en tiempo de guerra" por "en situación de conflicto armado". Una guerra es un hecho delimitado y debe ser formalmente declarada por el Rey; un conflicto armado, no. La decisión puede quedar en manos de las fuerzas armadas y el desarrollo del proyecto puede suponer que se aplique la suspensión de las garantías constitucionales como está previsto en el estado de sitio sin necesidad de que éste sea acordado por el Parlamento. 

La aprobación de este proyecto de ley supondría que tanto el Jefe del Estado como el gobierno eventualmente se lavarían las manos en caso de conflicto. Su actual redactado es absolutamente inconcebible en cualquier democracia europea y sólo puede obedecer a alguna previsión que en todo caso podemos suponer:

• El Rey y el gobierno español se anticipan a una revuelta social con motivo de algún acontecimiento que conocen : bajada de las pensiones, corralito, quita para los depósitos de pequeños ahorradores, arbitraje desfavorable a los preferentistas de Bankia y otras entidades bancarias, cierre de hospitales y privatización de la sanidad pública, indultos intolerables, rescate europeo con contrapartidas antisociales, etc.

• Intervención y/o suspensión de la Generalitat de Cataluña, detención de su presidente, intervención militar ante un referéndum, suspensión de elecciones plebiscitarias.

Quién sabe si alguien sueña con que escribir posts como éste algún día sea tipificado como sedición, rebelión o traición.